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Autor: Reporte Minero , 21 de agosto de 2020

Licencia Social y Política para Innovar: Una conversación compleja pero necesaria

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Opinión de Andrés Mitnik, director de Desarrollo de Negocios en Minería de Fundación Chile

La revolución de la Industria 4.0 está impactando a todos los sectores productivos alrededor del mundo. La minería en Chile no es la excepción; la incorporación de tecnologías digitales es hoy una prioridad por las mejoras en productividad, sostenibilidad y seguridad que promete generar. Este inminente proceso de transformación, sin embargo, es complejo, desafiante y se da en un contexto de constante cambio y alta incertidumbre tanto cultural como tecnológica.

Al igual que las anteriores, la Cuarta Revolución Industrial, ha traído consigo un gran debate en cuanto a sus beneficios y potenciales amenazas, entre las más importantes, el temor a la pérdida de empleos fruto del reemplazo de trabajadores por soluciones tecnológicas.

En este contexto, la posibilidad de que la industria minera nacional evolucione para convertirse en un referente de adopción de tecnologías 4.0, pasa por contar con el apoyo de todos los actores y grupos de interés del ecosistema minero. Es en este escenario donde cobra relevancia la Licencia para Innovar que incluye una dimensión política y una social. Esto dado que la velocidad con que las compañías mineras puedan avanzar en su transformación digital dependerá en gran medida de una regulación ágil que vaya acorde al acelerado paso del desarrollo tecnológico, y por otro, de la forma en que la industria gestione los cambios que se generarán en el mundo del trabajo. A diferencia de la Licencia Social para Operar, la Licencia para Innovar se focaliza en la administración de un proceso de cambio. Es por esto que su foco está en la generación de acuerdos, tanto del regulador como del mundo del trabajo, que reduzcan las fricciones asociadas a la implementación de nuevas tecnologías.

Ni las temáticas de política pública ni las relaciones laborales son conversaciones sencillas, pero esta no es razón suficiente para no abordarlas. Por el lado de la regulación, la constante adaptación a las nuevas tecnologías ha demostrado ser un desafío para los gobiernos en todo el orbe. Los casos clásicos de Uber y Airbnb demuestran la dificultad de adaptar la regulación a nuevos modelos de negocios fruto de los avances tecnológicos y el poder de los incumbentes para frenar estos cambios. Sin embargo, si no definimos, por ejemplo, de quién es la responsabilidad en caso de accidente de un vehículo autónomo, la regulación ambiental asociada al uso del hidrógeno, o los estándares de comunicación máquina-máquina, muchas tecnologías no podrán ser implementadas por no contar con un cuerpo regulatorio que las rija. Esto también aplica a la ley laboral que requiere de una actualización para abordar temáticas como jornadas parciales y flexibles, donde hoy no existe un consenso en cómo deben ser abordadas.

La velocidad con que las compañías mineras puedan avanzar en su transformación digital dependerá en gran medida de una regulación ágil que vaya acorde al acelerado paso del desarrollo tecnológico, y por otro, de la forma en que la industria gestione los cambios que se generarán en el mundo del trabajo».

La multiplicidad de entes regulatorios asociados a la incorporación de tecnologías demanda de parte de la industria tener una visión compartida al respecto, de forma de establecer una sola voz que habilite la alianza público-privada requerida para diseñar y proponer políticas públicas que acompañen este cambio tecnológico.

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